RESISTENCIA CIVIL POR MALVINAS
Una propuesta para todos los ciudadanos argentinos ante la nueva agresión británica en nuestras Islas Malvinas
La decisión británica de iniciar la exploración petrolera en aguas argentinas alrededor de Malvinas, con la instalación de la plataforma Ocean Guardian, constituye un salto cualitativo importante en la perseverante política de invasión británica al Atlántico Sur.
Aunque el tema parece sorprender a muchos formadores de opinión locales, la reflexión sobre el saqueo colonial de nuestros recursos petroleros en el Atlántico Sur por parte de la corona inglesa, lleva alrededor de cincuenta años, y fue uno de los motivos – no exclusivos-, de la guerra provocada por los EE.UU. y el Reino Unido en 1982, que culminó con la re-apropiación de nuestros archipiélagos, y con la instalación de la base militar de Monte Agradable en la Isla Soledad.
La corona inglesa, como parte asociada y representante operativa de un poder mundial que la incluye y excede, ha desarrollado desde finales de la década del ’60 del siglo pasado, numerosas investigaciones en la zona, destacándose los denominados Informe Griffiths (1975) e Informe Shackleton (1976). El primero, con participación de expertos y apoyo de entidades académicas británicas, enfocado a la evaluación de posibilidades de explotación hidrocarburífera en el área de los territorios colonizados, y el segundo, destinado a compilar el resultado de tres expediciones oceanográficas de la Armada británica, para efectuar sobre el área en disputa tareas de evaluación de recursos y potencial de desarrollo en materia de pesca, algas marinas y, especialmente, petróleo. También después de la guerra de 1982, el gobierno británico encomendó al parlamento otra investigación, conocida como Informe Kershaw, que abarcó tanto aspectos jurídicos e históricos, como geológicos y económicos.
Todos estos estudios determinaron las potencialidades hidrocarburíferas del área investigada, concluyendo que las reservas de la cuenca petrolera en la zona de nuestra plataforma continental alrededor de nuestras Islas Malvinas rondan los 60.000 millones de barriles de crudo. Razón suficiente –pero no única-, del mantenimiento del enclave colonial británico.
Ante esto, la República Argentina mantuvo sus reclamos diplomáticos con diversa intensidad, durante los sucesivos gobiernos de postguerra. Sin embargo, los acuerdos de Madrid y de Londres de 1990, supusieron el abandono del tratamiento de la situación colonial por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la reanudación de las relaciones bilaterales, dejando bajo un “paraguas” la cuestión central de la soberanía sobre los archipiélagos australes.
El desarme material y espiritual de la Argentina, la reducción de la evaluación de las acciones armadas de 1982 a un mero episodio de la dictadura –sin comprender sus alcances políticos y estratégicos-, la desmalvinización aún vigente en términos educativos y culturales, así como la extranjerización de nuestros recursos económicos y naturales, han colocado al Estado argentino en una situación extremadamente vulnerable para afrontar sólo la nueva agresión pirata.
El Poder Ejecutivo Nacional, en tal sentido, sancionó el Decreto Nº 256, con el propósito de dificultar el abastecimiento marítimo de los operadores petroleros, obligando a las empresas navieras a declarar sus movimientos en la zona. Y, aunque resulte de difícil implementación -por la desarticulación del sistema de Defensa Nacional-, resulta en una clara advertencia para aquellos que deseen comerciar regularmente con nuestro país.
Creemos que la acción colectiva y pacífica de la comunidad nacional puede ofrecer una efectiva contribución al fortalecimiento de las capacidades de nuestro país para enfrentar el saqueo de nuestros recursos naturales por parte del agresor británico.
En total coherencia con los esfuerzos políticos y diplomáticos realizados por el Gobierno Nacional, cada uno de nosotros puede ejercer una resistencia pacífica, perjudicando sus intereses económicos en la Argentina continental y, -de transformarse las declaraciones en acciones concretas-, también en los restantes países suramericanos. Se trata, básicamente, de encarecer la operatoria de las empresas petroleras británicas que comenzaron a explorar nuestros mares, medida que se enmarca en nuestra Constitución Nacional, cuando afirma que “La Causa de la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” .
En consecuencia, los ex soldados combatientes en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y los ciudadanos comprometidos con la Causa de recuperación de nuestra soberanía sobre los archipiélagos y la Argentina toda, convocamos a todos los argentinos y argentinas, sin distinción de ninguna naturaleza, a sumarse a las acciones de resistencia civil que a continuación proponemos:
1.- Peticionar al Poder Ejecutivo Nacional, gestione ante el gobierno de la República de Chile, la interrupción de los vuelos que realiza semanalmente la empresa LAN a nuestras Islas Malvinas, hasta tanto se revierta la agresión unilateral británica.
2.- Iniciar acciones de difusión y esclarecimiento a la ciudadanía ante las oficinas de LAN y en la vía pública, sobre la necesidad de la interrupción de las comunicaciones aéreas a las Islas, como medida básica, indispensable y complementaria a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional respecto a las comunicaciones marítimas, para encarecer los costos operativos de los británicos en la exploración petrolera y posterior saqueo de nuestros recursos.
3.- Evaluar la realización de boicot económico a los productos y empresas británicas que operan en territorio continental argentino.
4.- Peticionar ante las representaciones diplomáticas de los países suramericanos que se sumen activamente al bloqueo naval y aéreo a las Islas y, eventualmente, que sus respectivas comunidades acompañen las medidas de boicot económico a los productos y empresa británicas que operen en sus mercados.
5.- Evaluar la realización de manifestaciones de protesta pacífica frente a la plataforma Ocean Guardian, con incursión de naves civiles, para difundir la posición argentina en el escenario internacional.